El problema es verdadero

Tanto Frederick Abbott como Ahmed Abdel Latif han contribuido ensayos bien elaborados en la primera ronda. Abdel Latif se enfocó en la noción de que el debate sobre los derechos de la propiedad intelectual y el cambio climático debe ser "estructurado y gradual". Abbott hizo hincapié en "las vías intermedias" que podrían permitir "que los países de bajos recursos obtengan acceso a las fuentes de energía alternativa y tecnologías de mitigación sin recurrir a licencias obligatorias". Sin embargo, a pesar de los enfoques moderados de ambos autores, los dos ensayos evidencian la realidad de que los derechos de la propiedad intelectual son un problema para los países en vías de desarrollo que buscan acceder a las tecnologías energéticas de bajo consumo de carbono.

Como lo mencionó Abdel Latif, hace mucho que se reconoció el problema en la Agenda 21: un plan de acción para el desarrollo sostenible que fue adoptado en la primera Cumbre de la Tierra en 1992. Sin embargo, en 1994, como resultado de negociaciones amplias de comercio, los países desarrollados tuvieron éxito en imponer a los países en vías de desarrollo un tratado internacional (el Acuerdo sobre Aspectos Relacionados al Comercio de los Derechos de la Propiedad Intelectual, o TRIPS) que estipula las normas mínimas para la protección de la propiedad intelectual, lo que incluye la obligación de conceder patentes en todos los ámbitos de tecnología. Dos años después, el gobierno de la India propuso cambios significativos en el Acuerdo TRIPS para fomentar la transferencia de tecnologías medioambientalmente sanas. Recientemente, Ecuador sugirió excluir de la protección de patentes, en casos determinados, las invenciones cuya difusión sería vital para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Ecuador también propuso que, en ciertas situaciones, la duración de las patentes se reduzca para dichas invenciones. La Organización Mundial del Comercio no ha llevado a cabo ninguna acción concreta para responder a las preocupaciones que subyacen a estas propuestas.

Los países en vías de desarrollo también han planteado la necesidad de tratar sobre los derechos de la propiedad intelectual durante las negociaciones realizadas bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en particular, en la conferencia de 2010 en Cancún, México. Los países desarrollados, sin embargo, se han resistido enérgicamente a cualquier propuesta que haga referencia a tales derechos. Esto es cierto incluso respecto de referencias neutras al derecho, que es explícito en el Acuerdo TRIPS, de utilizar sus "flexibilidades" como las licencias obligatorias. Abbott apunta de manera acertada que todos los países gozan del derecho de someter las patentes a licencias obligatorias toda vez que ello sea necesario. Pero los países desarrollados se muestran renuentes a admitirlo.

No es constructivo para los países desarrollados negarse a dar una respuesta en foros internacionales (ya sea en la Organización Mundial del Comercio o en la Convención Marco de las Naciones Unidas) a las preocupaciones relacionadas con la propiedad intelectual y el cambio climático. Su renuencia transmite el mensaje de que el statu quo de la propiedad intelectual no es debatible y que las preocupaciones legítimas de los países en vías de desarrollo no ameritan un debate. Esencialmente, los países desarrollados niegan que exista algún problema. Pero sí existe un problema, ya que el sistema de apropiación privada de innovaciones puede demorar por veinte años (la duración normal de una patente) la introducción de nuevas tecnologías en los países en vías de desarrollo (la mayoría del mundo).

El cambio climático es uno de los mayores desafíos al que la humanidad jamás se haya enfrentado y responder a ello requiere forjar una visión de largo plazo basada en la equidad y la solidaridad. Una comunidad internacional responsable no puede simplemente eludir los problemas que rodean los derechos de la propiedad intelectual y el cambio climático; por el contrario, los gobiernos deberían fomentar una discusión seria sobre estos problemas y asegurarse de involucrar a las partes interesadas, que incluyen, en particular, a los científicos y a la sociedad civil.