Poca capacidad, una catástrofe absoluta

Muchos países forman parte de los instrumentos de leyes internacionales humanitarias, tales como las Convenciones de Ginebra, la Convención de Armas Biológicas y la Convención de Armas Químicas. El derecho internacional humanitario busca responder a los problemas humanitarios que surgen, directa o indirectamente, del conflicto armado (ya sea o no, un conflicto internacional). Este tipo de derecho limita la posibilidad de las partes beligerantes de utilizar ciertos métodos y armas de guerra, protegiendo así a los civiles y sus patrimonios. Muchas de las naciones que han optado por ser participantes de los instrumentos del derecho internacional humanitario lo han hecho por una de dos razones: en general, favorecen a la paz, o temen que se produzcan grandes eventos catastróficos, tales como una detonación nuclear.

Varios principios básicos sirven de base en el derecho internacional humanitario. Uno es el principio de la distinción, que requiere que las fuerzas armadas sólo ataquen a combatientes, jamás a civiles. Pero un ataque nuclear, aunque en teoría el objetivo sólo fuera un blanco militar, conllevaría serias consecuencias para la salud pública. Aumentaría  en la población civil el riesgo de padecer enfermedades degenerativas –en especial el cáncer de piel, hígado, riñones, estómago y pulmón. Los efectos más extremos, lamentablemente, aparecerían en los segmentos más vulnerables de la población: los niños y los ancianos. Los riesgos de salud se extenderían a la comida, que sería nociva para las personas en el país afectado y no podría ser exportada, empeorando así el desastre económico que afligiría a cualquier nación donde se detonase una bomba. Por consiguiente, una nación podría verse con muy pocos alimentos comestibles, pocos recursos financieros y con una población drásticamente reducida. Cualquier estado afectado de esta manera no tendría opción alguna más que declararse en zona de emergencia radiológica y pedir apoyo internacional para ayudarla a proteger a su población. Mientras tanto, la población civil probablemente armaría un éxodo hacia territorios no contaminados o menos contaminados, aún si esto significara cruzar fronteras. (Esto no ocurrió en la secuela del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, en gran parte porque en ese entonces había muy poco conocimiento de los efectos de altas dosis de radiación para la salud).

Un segundo principio es el de la proporcionalidad, que prohíbe ataques que causarían muertes, lesiones y daños a bienes, que sean excesivos con respecto a la ventaja militar que se anticipa. Sin duda, una explosión nuclear viola este principio, ya que es inevitable que afecte a territorios muy vastos y a poblaciones muy numerosas. Un tercer principio, implícito en instrumentos tales como la Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales, prohíbe el ataque de sitios de patrimonio cultural. Sin embargo, una detonación nuclear no haría discriminaciones, de tal manera que es casi imposible llevar a cabo un ataque nuclear sin destruir sitios de importancia cultural. La población civil en zonas afectadas, que sufre de muchas muertes, riesgos de salud persistentes y destrucción de bienes, probablemente huiría si viera su patrimonio cultural en ruinas. 

Completamente vulnerable.  En caso de una detonación nuclear, las naciones estarán mejor preparadas para responder y mitigar la catástrofe si tuviesen ciertos elementos básicos de infraestructura. Esto incluye, como mínimo, una arquitectura nacional para la detección de la radiación, un centro de respuesta a emergencias radiológicas, un centro adecuado de comunicaciones, un hospital especializado para las emergencias radiológicas, un centro de descontaminación para la población y personal capacitado y adecuado, que incluya elementos de protección civil y brigadas de emergencia radiológica. En países donde han ocurrido accidentes radiológicos se han mitigado a menudo los efectos en un corto plazo en gran parte, gracias a una adecuada capacidad de respuesta nacional. Sin embargo, los países con pocos recursos económicos tienen, de entrada, muy poca capacidad de respuesta.

Después de una detonación nuclear, los países más pobres quedarían completamente vulnerables: carecerían de la infraestructura necesaria y de personal calificado para responder eficazmente. Los efectos humanitarios de una detonación en este tipo de países, tanto inmediatamente como a mediano y largo plazo, serían incalculables. En los países de ingresos medios, las consecuencias serían algo menores, pero aún así serían catastróficas. Ni siquiera los países desarrollados, donde la tecnología avanzada está fácilmente disponible, estarían aptamente capacitados para responder adecuadamente a las consecuencias de una explosión nuclear. De hecho, nadie en el mundo estaría preparado para encarar un desastre de la escala de una detonación nuclear. 

Las armas nucleares son horripilantemente destructivas, tanto en términos humanitarios como medioambientales, y se podría decir que cualquier individuo o grupo de individuos que ordenaran su uso serían culpables de un crimen de lesa humanidad. El mundo debe seguir trabajando para conseguir algún día que las armas nucleares sean abolidas.